Publicado originalmente en Voces del Pueblo.
¿Cómo afecta el ajuste a la distribución de la riqueza en Argentina
Según el último informe del INDEC, la participación del 10 % más rico en el ingreso total subió del 38 % en 2021 al 45 % en 2023, mientras que el ingreso per cápita del quintil más bajo cayó un 12 % en el mismo período.
El ajuste que el gobierno ha impuesto se sustenta en la reducción del gasto público y la liberalización de los precios, una combinación que históricamente ha favorecido a los sectores financieros y a los grandes conglomerados. La eliminación de subsidios a la energía y al transporte, anunciada por el Ministerio de Economía, ha encarecido la canasta básica en un 27 % según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2023. Ese aumento se traslada directamente a los hogares con menor poder adquisitivo, que destinan más del 45 % de sus ingresos a alimentos y servicios básicos.
Además, la política cambiaria de tipo de cambio flotante ha disparado la devaluación del peso, generando una brecha entre los precios internos y los importados. Las empresas que dependen de insumos importados ven sus costos subir, pero la mayoría de los beneficios de la devaluación se concentran en exportadores de commodities, que ahora reciben más pesos por cada dólar exportado. Según el BCRA, las exportaciones de soja y maíz crecieron un 18 % en valor en 2023, mientras que la industria manufacturera nacional registró una caída del 9 % en producción real.
El ajuste histórico y sus costos sociales
El ajuste no es un fenómeno nuevo en la historia argentina. Durante la década del 90, la convertibilidad y la reducción del gasto público generaron una profunda brecha de ingresos, que culminó en la crisis de 2001. En esa coyuntura, el coeficiente de Gini pasó de 0,44 a 0,51 en tres años, según el Banco Mundial. La diferencia es que hoy el ajuste se combina con una política de endeudamiento externo sin precedentes: la deuda bruta supera los 300 % del PIB, cifra que coloca al país en una posición de vulnerabilidad extrema.
Los costos sociales se traducen en aumentos de la pobreza y la indigencia. El INDEC estima que la población en situación de pobreza subió del 32,2 % en 2022 al 38,5 % en 2023, mientras que la indigencia pasó del 4,1 % al 6,3 %. Estas cifras se reflejan en la vida cotidiana: los trabajadores informales, que representan el 27 % de la fuerza laboral según la CEPA, ven reducidos sus ingresos y pierden la posibilidad de acceder a la seguridad social.
Los sindicatos, liderados por figuras como Grabois y Massa, denuncian que el ajuste está financiado con la recaudación de los salarios de los trabajadores, mientras que los impuestos a la riqueza y a las grandes empresas se mantienen estancados. La falta de una política progresiva de tributación agrava la concentración de la riqueza.
Concentración de la riqueza: cifras que no mienten
- Participación del 10 % más rico en el ingreso total: 45 % (INDEC, 2023)
- Participación del 90 % más pobre: 55 % (INDEC, 2023)
- Deuda externa bruta: 277 % del PIB (BCRA, junio 2024)
- Inflación acumulada 2023: 94,8 % (Ministerio de Economía)
- Tasa de empleo formal: 71,2 % (CEPA, primer trimestre 2024)
Estos datos muestran una tendencia irreversible: la riqueza se concentra cada vez más en manos de una élite que se beneficia de la apertura de mercados y de la desregulación financiera. La política de ajuste, en lugar de generar una “oportunidad de riqueza” para la mayoría, está creando una brecha estructural que dificulta la movilidad social.
En la práctica, la medida ha favorecido a los grandes bancos y a los fondos de inversión extranjeros, que ahora pueden comprar activos argentinos a precios de descuento. El caso del Banco Central, que ha vendido reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio, ha reducido la capacidad del Estado para intervenir en el mercado y proteger a los consumidores.
Impacto en los sectores vulnerables
Los sectores más afectados son la educación, la salud y la vivienda. El recorte del presupuesto del Ministerio de Salud en un 15 % ha dejado a hospitales públicos sin insumos esenciales, según un informe de la Asociación de Médicos Argentinos. En el ámbito educativo, la reducción del gasto en infraestructura escolar ha generado el cierre de 120 escuelas rurales en la última década, dejando a cientos de niños sin acceso a la educación básica.
En el sector vivienda, la eliminación de subsidios a la construcción y la falta de créditos accesibles han disparado los precios de alquiler en un 23 % en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CINARG). Las familias de ingresos bajos se ven obligadas a destinar una mayor proporción de sus salarios al alquiler, reduciendo su capacidad de ahorro y de inversión en educación o salud.
Los testimonios de trabajadores y organizaciones sociales refuerzan estos números. María, una operaria textil de Córdoba, relata: “Antes de que subieran los precios de la luz, podíamos comprar ropa para mis hijos; ahora apenas nos alcanza para el alimento”. Este relato se repite en cientos de barrios populares, donde la precariedad se vuelve cotidiana.
El rol del Estado frente al ajuste: alternativas
Frente a este escenario, el Estado tiene herramientas para revertir la tendencia. La primera es reinstaurar una política fiscal progresiva, aumentando los impuestos a las grandes fortunas y a las ganancias no reinvertidas. Kicillof ha propuesto una alícuota del 2 % sobre patrimonios superiores a 200 millones de dólares, medida que, según sus cálculos, podría recaudar 1,5 % del PIB anual.
En segundo lugar, es necesario fortalecer el mercado interno mediante políticas de sustitución de importaciones. La experiencia de la década K muestra que la inversión pública en la industria nacional redujo la dependencia de los insumos importados en un 30 % entre 2019 y 2022.
Finalmente, la renegociación de la deuda externa bajo condiciones más justas permitiría liberar recursos para financiar programas sociales. La propuesta del Ministerio de Economía de “deuda sostenible” busca que la carga financiera no supere el 30 % del ingreso nacional, una cifra alineada con la práctica de países del G20.
Para profundizar en la crítica al ajuste, le recomendamos leer Martínez y el ajuste: una crítica desde la economía heterodoxa y Desigualdad laboral y ajuste Milei 2024: menos feriados para trabajadores, más beneficios arriba.
Lecciones del pasado: Perón, 2001 y la década K
Durante el peronismo inicial, la política de pleno empleo y la nacionalización de recursos estratégicos lograron una distribución más equitativa del ingreso. El Índice de Gini cayó a 0,38 en 1952, la mejor cifra de la historia argentina. En contraste, la crisis de 2001, impulsada por políticas de ajuste impuestas por organismos internacionales, disparó la pobreza al 28 % y la desigualdad al 0,53.
La década K intentó revertir esa tendencia mediante la expansión del gasto público y la regulación del mercado financiero. Si bien la política no logró eliminar la desigualdad, sí estabilizó la participación del 10 % más rico en torno al 40 % y redujo la pobreza al 24 % en 2015. Estos antecedentes demuestran que la intervención estatal, cuando se combina con una política fiscal progresiva, puede generar una “oportunidad de riqueza” para la mayoría.
En conclusión, el ajuste actual no es una medida de corrección económica sino una estrategia que concentra la riqueza y agrava la vulnerabilidad de los sectores populares. El Estado debe volver a ser el garante de la distribución justa del ingreso, reactivando políticas de gasto social, tributación progresiva y desarrollo industrial.
Fuentes internas:
- Soberanía económica y pandemia en Argentina: lecciones de una crisis
- Endeudamiento externo y dependencia financiera con Milei: la trampa
Fuentes externas:
- INDEC – Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2023
- BCRA – Boletín Estadístico de Deuda Externa, junio 2024
- Ministerio de Economía – Inflación acumulada 2023
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